El Gobierno no aplica sanciones para evitar que los niños viajen en motos

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En quince meses, entre 2013 y el primer trimestre de 2014, la Defensoría del Pueblo contabilizó 4.640 niños y adolescentes lesionados y 61 fallecidos en accidentes en motos

Por Isabel Herrera | El Pitazo en la calle | Correo: elpitazoenlacalle@gmail.com

Caracas.- El sociólogo Carlos Molina, autor del estudio “motocicletas, niños, niñas y adolescentes: Una combinación letal”, publicado por la Defensoría del Pueblo en septiembre de 2014, afirma que una “relación clientelar” entre el Ejecutivo y la población motorizada hace que no se produzcan sanciones para quienes montan en sus motos a niños menores de 10 años.

El activista de los derechos humanos señala que decidió realizar el referido estudio debido al silencio estadístico sobre casos de siniestros en motos de niños, niñas y adolescentes. Hasta la fecha estas son las únicas cifras que revelan este problema; son utilizadas como referencia en instituciones y organizaciones no gubernamentales que se dedican a la educación de motorizados.

Protección Civil Miranda no lleva las estadísticas de colisiones viales disgregadas por edades; este organismo se propone elaborar un informe comparativo de accidentes en la entidad regional desde 2012 hasta el primer trimestre del 2016.

Carlos Molina realizó el estudio cuando se desempeñaba como director de la oficina de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. En quince meses, entre 2013 y el primer trimestre de 2014, contabilizó 4.640 niños, niñas y adolescentes lesionados en accidentes en motos y 61 fallecidos por la misma causa.

Añade que las cifras fueron obtenidas en 45 hospitales y otras instituciones públicas del país, donde los infantes ingresaron con vida luego de un accidente de moto y más tarde murieron. Explica que no tuvo acceso a datos de fallecidos al momento del accidente, pues estos son trasladados directamente a la Morgue de Bello Monte o a las sedes de medicina forense de los hospitales, donde niegan información.

Según Molina, las estadísticas presentadas corroboran que los accidentes en motos se han transformado en un problema de salud pública, porque están dando lugar a un nuevo perfil epidemiológico dentro de los accidentes de tránsito de motocicletas. “Se ha convertido en una manera de enfermar y morir de la población venezolana, particularmente en los sectores populares”.

Agrega que esta situación sucede por el vínculo de solidaridad entre motorizados y el Ejecutivo, pues entre ellos existe una suerte de pacto, un acuerdo en que el primero debe apoyar al segundo y éste, en retribución, “le da una patente de corso para manejar”.

Asegura que no hay sanción para los motorizados infractores. “El Reglamento no se ha aplicado porque el Gobierno no quiere poner ningún tipo de autoridad. Hay una prebenda política. Siempre y cuando apoyen al Gobierno, hacen lo que quieran; y siempre cuando hay algún tipo de movilización, el Gobierno llama a los motorizados”.

Agregó que cuando la Defensoría del Pueblo presentó el estudio “hubo resonancia en los medios y en la gente. Me imaginé que íbamos a generar una reacción por parte del Gobierno nacional, pero no hubo respuesta en los órganos jurisdiccionales, sistema de protección, Asamblea Nacional, Ministerio Público. Todos tienen competencia y no han hecho uso de los instrumentos jurídicos existentes. No se ha hecho nada porque el trasfondo es político, los motorizados votan, los niños no”, dijo Molina.

Incumplen leyes

El artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (1998), obliga al Estado a tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que se requieran para asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. “Hemos degradado nuestra escala de valores; no se puede poner en riesgo la integridad física y psicológica de un niño con el argumento de que el sistema de transporte es limitado. Los adultos tenemos que buscar otras alternativas, debemos organizarnos, debemos presionar para crear mecanismos que permitan satisfacer la necesidad de transporte salvaguardando la integridad del niño”.

Entre las razones que incrementan el riesgo, Molina señala que el diseño de las motos no es compatible con la anatomía del niño, quien no tiene la capacidad de entender si corre riesgo cuando un adulto lo sube a una moto con un casco que no lo protege.

Otro instrumento legal que no se cumple es el Reglamento Parcial de la Ley de Transporte Terrestre sobre el Uso y Circulación de Motocicletas en la Red Vial Nacional y el Transporte Público de Personas en la Modalidad Individual de Moto Taxis (2012) que prohíbe –de acuerdo al artículo 31 numeral 7– la circulación de más de dos personas y de niños menores de 10 años en motocicletas.

Un vehículo familiar

Zulma Bolívar, presidenta del Instituto Metropolitano de Urbanismo Taller Caracas, señala que en el pasado la moto se usaba para labores de mensajería en las distintas empresas, pero con el paso del tiempo y la ausencia de un sistema de transporte público confiable para enviar los niños a sus escuelas, la moto se ha convertido en el vehículo familiar.

Señala que las familias, por su propia cuenta, resuelven su movilidad con la moto. Sin embargo, eso genera consecuencias lamentables, como la cantidad de accidentes que afectan a niños.

Bolívar asegura que hay que educar al país y a sus autoridades para evitar la anarquía en las vías. “Una movilidad segura pasa por instruir desde a las autoridades viales y los conductores, hasta a la ciudadanía completa, porque, para que la cosa funcione, debería haber transporte escolar gratis”.

Con la urbanista Bolívar coincide Víctor Peña, presidente de la Fundación Educación Vial y Ciudad (Evcy) con sede en Mérida, quien afirma que el transporte de menores de 10 años e inclusive bebés en las motos es un nuevo problema que tiene varias aristas, ya que, al no existir un adecuado y eficiente sistema de transporte en algunas rutas, el motorizado se ve obligado a transportar su familia en la moto.

Peña explica que “la vulnerabilidad de estos menores en el momento de un siniestro es altísima y las lesiones que reciben cuando hay una colisión son casi siempre muy graves, pues no llevan ninguna protección”.

Recomienda que el problema se aborde con negociación, con charlas sobre la importancia de la vida, hacer que el individuo tenga conciencia de los altos riesgos antes de la simple aplicación de sanciones.

Ponen orden en Guarenas

El 23 de enero de 2015, en su perfil en la red social Twitter, el alcalde del municipio Plaza, Rodolfo Sanz, anunció el inicio de una campaña de concientización para poner orden a los conductores de motos. Desde entonces colocaron en las columnas del Metro Guarenas-Guatire, en la avenida Intercomunal, afiches con distintos tipos de infracciones que cometen motorizados, entre ellas la familia completa en moto, y el símbolo que indica prohibido.

En mayo de ese mismo año, el alcalde Sanz, mediante decreto municipal, intensificó la campaña con el mensaje “No Subas a tu Hija a la Moto”, para concientizar a padres, madres y representantes sobre los daños irreparables que pueden sufrir los niños y niñas si sucede algún accidente mientras viajan como pasajeros en motocicletas.

Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

El estudio del sociólogo Carlos Molina concluye con una serie de recomendaciones para evitar siniestros con menores de edad:

1. Exhortar al Ministerio de Salud para que desarrolle un sistema nacional de registro y atención de los NNA con estadísticas sobre los casos atendidos.

2. Promover una campaña comunicacional en todo el país, que informe sobre las consecuencias de trasladar niños en motos.

3. Incorporar, una vez culminado el periodo de divulgación, una acción de protección que prohíba el traslado de niños en moto.

4. Proponer la creación de un impuesto a las empresas fabricantes y comercializadoras de motocicletas, para contribuir con la atención médica asistencial de las personas que sufren accidentes en aquellos vehículos.

5. Desarrollar un programa de concienciación en las escuelas sobre el uso de las motos, para que los niños, niñas y adolescentes conozcan los riesgos de montarse en moto y defiendan su derecho a la salud y la integridad física.

6. Desarrollar procesos de formación para todos los actores sociales relacionados con la protección y promoción de niños, niñas y adolescentes, con especial atención a las funcionarias y funcionarios públicos de los hospitales, consejos de protección, defensorías, policía nacional.

7. Diseñar e Implementar un protocolo legal de actuación para los casos en los cuales niños, niñas y adolescentes resulten afectados, en especial por siniestros.

8. Involucrar a las empresas que comercializan las motos en el diseño de estas campañas, considerando que están en el deber de hacer su aporte social, lo que supone además un trabajo en equipo, en el marco de un objetivo que es común a todos y todas.

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