Cacería de alcaldes

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La conclusión, entonces, es que el verdadero objetivo de los ataques de quienes sueñan con convertir este país en su botín no son los alcaldes sino la condición ciudadana, la democracia y, por último, la civilización misma

Uno de los rasgos más resaltantes de la miserable dinámica política que ha implantado la farsa revolucionaria en la Venezuela de hoy es la feroz cacería desatada contra los alcaldes democráticos: de los 77 que integran ese elenco, más de la mitad han sido destituidos ilegalmente o están sometidos a algún tipo de proceso judicial. En las semanas recientes la cacería se ha intensificado cobrándose a los de Barquisimeto, Lecherías, Ejido, Mérida y, en el Área Metropolitana de Caracas, los de Chacao y El Hatillo; mucho antes cayeron el Alcalde Metropolitano de Caracas y los de San Cristóbal, Briceño Iragorry (Maracay) y San Diego (Valencia). Sin embargo, la lista no termina con ellos y hay varios más amenazados, de modo que no se puede descartar que, cuando este artículo vea la luz, otros hayan pasado a engrosar la siniestra lista.

A un extraño le llamaría sin duda la atención el hecho de que todos ellos pertenecen a la oposición democrática y que no hay ninguno del gobierno: ¿delincuentes concertados versus impolutos ciudadanos?, ¿demonios y ángeles? Y llama también la atención que funcionarios no electos, incluso muchas veces ilegalmente designados, hayan emprendido esta razzia contra una categoría entera de autoridades electas, en muchos casos con votaciones abrumadoras.

Quienes vivimos en esta tierra sabemos muy bien cuál es la respuesta: dentro del propósito global de destrucción de todo vestigio democrático en nuestra país, la dictadura narco-militar, ya caídas todas sus máscaras, ha intuido que uno de los mayores obstáculos para imponer sus ambiciones depredadoras es la concentración de la población en ciudades: sus habitantes, los ciudadanos, se caracterizan por estar muy intercomunicados e informados, lo cual, en conflicto con la vocación autoritaria del régimen, alimenta los valores individuales y las aspiraciones autonomistas de esas colectividades.

Quizá mejor que ningún otro, eso lo entendió muy pronto un colega de Maduro y sus milicos, el genocida camboyano Pol Pot, quien en 1975, el mismo día que ocupó la capital Phnom Penh, obligó a sus 2 millones de habitantes, enfermos y ancianos incluidos, a evacuarla e irse al campo en apenas horas.

La tendencia libertaria y democratizadora es poco menos que natural de las comunidades urbanas (permítasenos recordar la afortunada frase de Octavio Paz: “una civilización es ante todo un urbanismo”), pero ella puede ser reforzada y acelerada por el catalizador que conforman los liderazgos urbanos, encarnados en las ciudades modernas por sus alcaldes. La conclusión, entonces, es que el verdadero objetivo de los ataques de quienes sueñan con convertir este país en su botín no son los alcaldes sino la condición ciudadana, la democracia y, por último, la civilización misma. Ni los tiempos ni la geografía son los mismos que conocieron los asesinatos en masa de Pol Pot y sus jemeres rojos, pero ello no hace menos grave la amenaza: con el de los alcaldes también está en riesgo nuestro destino. Al menos el inmediato.

Al margen: Razones de salud me obligaron a estar fuera de circulación varios días. Ya recuperado, espero seguir dándoles la lata a los pacientes lectores en estos tiempos tan decisivos para el futuro de nuestras ciudades.

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